La Fiscalía acusa a Shakira de defraudar 14,5 millones de euros

La cantante colombiana tendrá que hacer frente a una causa penal después de que la Agencia Tributaria determinase que debió pagar sus impuestos de IRPF y patrimonio en España entre 2012 y 2014, según informa el diario El País.

Shakira ha recibido una de las peores noticias que se podía esperar. La Fiscalía se querellará contra la cantante después de ser investigada por la Agencia Tributaria y determinar que cometió tres delitos fiscales, informa el diario El País. Al parecer la colombiana habría defraudado 14,5 millones en los ejercicios económicos de los años 2012, 2013 y 2014 correspondientes a los impuestos de IRPF y patrimonio.

No obstante, Shakira ha defendido que estaba al día en sus obligaciones fiscales, y la discrepancia entre ambas partes viene motivada por su lugar de residencia, y eso es lo que ha estado investigando la Agencia Tributaria. La ley establece que si un ciudadano pasa la mitad de un año y un día en España, tendrá que tributar en el país lo que gane en cualquier parte del mundo. No obstante Hacienda sostiene que la cantante fijó su residencia fiscal en Bahamas para ahorrarse tributar el IRPF, que en su caso corresponde casi al 50%, cuando en realidad vivía en Barcelona y no fue hasta el año 2015 cuando compró la casa en Esplugues de Llobregat. En sus explicaciones, Shakira ha manifestado que efectivamente residía en Bahamas donde se compró una casa en 2014 con su anterior pareja.

Robert Marquardt/GettyImages

De momento la Agencia Tributaria no ha podido comprobar que entre los años 2012 y 2014 Shakira pasase esa cantidad requerida de tiempo en España, pero aún así considera a la cantante como residente porque el resto del tiempo tuvo "ausencias esporádicas" motivadas por su trabajo como artista internacional. En el informe de la investigación la Agencia Tributaria establece "la voluntad de Shakira de defraudar al haber empleado una sociedad en Luxemburgo para gestionar sus derechos musicales".

En enero de 2018 la Agencia Tributaria remitió un primer informe a la fiscalía de delitos económicos de Barcelona, y los abogados le recomendaron pagar 20 millones de euros para regularizar su situación anterior al año 2011. Los abogados de la cantante también intentaron negociar para regularizar su situación de los años posteriores, algo que ha sido rechazado por la Fiscalía, por lo que se abrirá una causa penal contra la artista.

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