Cinco años después del Pacto de Caballeros, el futbol mexicano vuelve a la mira antimonopolio

La última investigación que alcanzó a la estructura del futbol mexicano acabó con multas por 177.6 millones de pesos.

Aficionado de los Leones Negros pide el regreso del ascenso y descenso / Leones Negros

Roberto Alvarado tenía 15 años cuando el Necaxa se interesó en él y no pudo salir del Celaya, por el Pacto de Caballeros. Era 2013 y los dos clubes estaban en el Ascenso MX. Cinco años después, cuando la autoridad de antimonopolio, que entonces era la COFECE, comenzó a investigar al futbol mexicano, el jugador contó en una rueda de prensa qué había frenado aquella operación.

"Estaba en el Celaya e iba a ir a Necaxa, pero por el Pacto de Caballeros no me pude quedar", dijo el "Piojo" en noviembre de 2018. Se quedó tres años más en Celaya, fichó con el Pachuca a finales de 2016 y debutó en Primera División en enero de 2017.

Ese mismo año comenzó la última investigación antimonopolio que alcanzó a buena parte de la Liga MX. Tres años después, la COFECE sancionó a 17 clubes, la Federación Mexicana de Futbol y ocho personas físicas, con multas que sumaron 177.6 millones de pesos, poco más del doble de los 83 millones 375 mil pesos de daño que calculó para el mercado.

Cinco años después de aquella resolución, hay un expediente nuevo. La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), sucesora de la COFECE, abrió de oficio el IO-001-2026 por posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de “afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados”.

En el comunicado con el que anunció la investigación, la CNA no señaló directamente la eliminación del ascenso y descenso, pero sí puso bajo revisión el “acceso a competiciones”, justo cuando se discute qué clubes pueden llegar a la Liga MX y bajo qué condiciones.

View this post on Instagram

Lo que se litigaba antes del expediente

El ascenso y descenso quedó suspendido en abril de 2020 por seis temporadas, en plena pandemia. Cinco años después, 10 clubes de la Liga de Expansión llevaron el caso al Tribunal Arbitral del Deporte para que regresara antes de que terminara ese plazo.

Cuatro abandonaron el procedimiento y, en septiembre de 2025, el TAS rechazó la apelación de los seis restantes y confirmó que la decisión de 2020 alcanzaba hasta el final de la temporada 2025-26.

Cuando terminó ese plazo, la puerta a Primera División tampoco se abrió. El reglamento 2026-27 estableció en su artículo 35, con base en un acuerdo del Comité Ejecutivo de la FMF, que los clubes de la Liga MX no descenderán y los de Expansión no ascenderán.

Tras ello, los Leones Negros, el Atlético La Paz, el Atlético Morelia, los Mineros de Zacatecas y el Cancún FC presentaron una nueva apelación ante el TAS contra esa decisión; el procedimiento sigue en curso.

Después la pelea salió de la justicia deportiva. Del Real & Asociados promovió amparos ciudadanos contra el artículo 35, para que tribunales federales revisaran si la eliminación del ascenso y descenso era legal y constitucional.

“No hay un antecedente parecido en el país. Es la primera vez que vamos a solicitar que se involucren tribunales federales en lugar del TAS”, dijo Darío del Real a Sports Illustrated México antes de presentar los recursos.

El primero entró el 28 de agosto y, para el 11 de septiembre, dos amparos fueron admitidos a trámite, sin que eso anticipara una resolución favorable.

“Hay distintas iniciativas y yo creo que todo suma. Es el clamor nacional”, resumió Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros, sobre el TAS, los amparos y las protestas de los aficionados.

El 13 de agosto se abrió el frente de la competencia económica. Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial y coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, presentó una petición ante la CNA para que investigara la eliminación del ascenso y descenso por posibles barreras a la competencia, prácticas monopólicas y otras restricciones al mercado.

"El futbol mexicano necesita competencia dentro y fuera de la cancha. El mérito deportivo es fundamental", escribió al anunciarla.

La investigación abierta un mes después no puede atribuirse a Máynez ni reducirse al ascenso. La CNA señaló que actuó de oficio.

Giovanni Solazzi, presidente del Cancún FC, ya había descrito el problema en términos económicos.

“El valor del equipo de segunda división no es estar en segunda división, es ascender a primera división. Si tú le quitas eso, le quitas valor”, dijo a Sports Illustrated México. Para Solazzi, cerrar el ascenso mientras los 18 equipos de Liga mx mantienen su lugar crea “una barrera de entrada muy grande” al mercado.

La CNA no ha concluido que lo sea, pero la última vez que la autoridad de competencia se metió a revisar las reglas internas del futbol mexicano encontró bastante más de lo que había puesto bajo investigación.

Del Pacto de Caballeros a 388 registros

La COFECE abrió el expediente IO-002-2018 para revisar el mercado de fichajes y al final reconstruyó un sistema que impedía que un futbolista sin contrato cambiara de equipo sin autorización de su club anterior.

La investigación de la COFECE documentó al Pacto de Caballeros como “una regla no escrita pero seguida por los clubes y la FMF”. En la práctica, un jugador podía terminar contrato y aun así necesitar el visto bueno de su antiguo club para firmar con otro equipo; en algunos casos, ese permiso estaba condicionado a un pago.

La autoridad encontró 388 registros relacionados con ese mecanismo entre 2008 y 2018 y calculó un daño de 51.2 millones de pesos.

El Monarcas Morelia encabezó la lista con 54 registros y una afectación estimada de 7.1 millones de pesos, el Tijuana apareció con 47 y el Toluca con 46. Aquella franquicia dejó Morelia en 2020 para convertirse en el Mazatlán FC, cuyo certificado de afiliación fue adquirido seis años después por el Atlante para regresar a Primera División sin ganar el ascenso en la cancha.

Los dirigentes defendieron el Pacto de Caballeros con las razones de siempre: proteger las inversiones, ayudar a los clubes pequeños, cuidar su estabilidad financiera y evitar que los equipos con más dinero concentraran el talento.

Enrique Bonilla, entonces presidente de la Liga MX, señaló que el derecho de retención había funcionado como un mecanismo de compensación para dotar a los clubes de "una estabilidad financiera sustentable" e incentivar las inversiones.

La COFECE rechazó esa defensa y en cambio eterminó que los clubes no demostraron que el mecanismo fuera necesario para garantizar su viabilidad financiera ni que produjera el equilibrio deportivo que decían buscar. Al final concluyó que reducía el poder de negociación de los futbolistas y afectaba sus salarios.

Tigres, campeón y el mayor daño en la Femenil

La misma investigación alcanzó al proyecto más exitoso que había producido el futbol femenil mexicano, Tigres. La COFECE acreditó un acuerdo para limitar lo que podían cobrar las jugadoras de la Liga MX Femenil, algo que se fijó antes de que la competición debutara en 2017.

El 28 de noviembre de 2016, un Comité de Desarrollo Deportivo integrado por clubes aprobó un esquema de tres categorías: 2,000 pesos mensuales para las mayores de 23 años, 500 para las menores y, para las Sub-17, sólo apoyos de transporte, estudios y alimentación. Para 2018-19 llegó un techo nuevo de 15,000 pesos, con cuatro jugadoras por equipo autorizadas a rebasarlo y apoyos en especie limitados a 50,000 pesos por torneo.

La Liga MX intentó hacerlo cumplir. Un comunicado firmado por Enrique Bonilla el 28 de junio de 2018 advirtió que, si no se respetaban las condiciones salariales, no se liberaría el registro de la jugadora para el Apertura, "sobre lo cual no se hará excepción alguna".

Sin embargo, la amenaza nunca se ejecutó. Bonilla y Anna Peniche, entonces titular del área jurídica de la FMF, declararon después que las sanciones jamás se aplicaron porque "en general los clubes no cumplieron", y eso no impidió que la COFECE acreditara el acuerdo.

Bonilla sostuvo que el límite buscaba que los clubes pudieran invertir en el crecimiento de la Liga MX Femenil "como un producto y marca en México". La autoridad le contestó que levantar una competición nueva no justificaba que los equipos se pusieran de acuerdo entre ellos sobre cuánto podían ganar las futbolistas.

Cuando llegaron las sanciones, en septiembre de 2021, los Tigres ya eran el máximo ganador de la liga, pero la resolución los puso en el otro extremo: fueron el club al que la COFECE atribuyó el mayor daño económico por los topes, 2.5 millones de pesos, arriba del Pachuca y el Toluca.

El expediente determinó que habían aprobado el límite dentro del Comité de Desarrollo Deportivo, que el club "conocía y quería" la conducta y sus consecuencias, y que pagar menos les bajó los costos en vez de obligarlos a competir con mejores ofertas por las jugadoras. La multa fue de 4.7 millones, la más alta impuesta a un club por esta práctica, con la infracción calificada de gravedad alta.

Lo que la autoridad tendrá que demostrar ahora

Lo que castigó la COFECE en 2021 eran acuerdos entre rivales para no competir: repartirse a los jugadores y pactar cuánto podían ganar las futbolistas, un arreglo que la ley considera ilegal por el simple hecho de existir, sin defensa que valga.

Lo que la CNA investiga ahora no es un pacto entre iguales, sino si quien controla la entrada a Primera División la está cerrando indebidamente

El proceso tampoco será inmediato. La investigación puede durar entre 30 y 120 días hábiles y ampliarse hasta tres veces por periodos de hasta 120 días más. Si finalmente se acredita una práctica monopólica, la ley permite imponer multas de hasta 10 por ciento de los ingresos anuales del agente económico y ordenar las medidas necesarias para corregir o eliminar la conducta.

View this post on Instagram