El FC Barcelona queda "bajo investigación" por Julián Álvarez: qué sucede ahora y las posibles sanciones

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) solicitará tanto al FC Barcelona como al Atlético de Madrid que expongan su versión de los hechos en torno a la conducta del club azulgrana respecto a las gestiones para fichar a Julián Álvarez.

El Atlético presentó una queja formal contra el FC Barcelona el pasado 30 de junio, acusando al vigente campeón de LaLiga de realizar contactos irregulares fuera del periodo de fichajes, tras haber mostrado públicamente su indignación ante la noticia de una oferta valorada en 100 millones de euros.

Según informa MARCA, la RFEF se ha puesto en contacto con el Barcelona para confirmar el inicio de la investigación sobre este caso, que salió a la luz el jueves.

Una vez que cada club haya presentado su propia versión de lo sucedido hasta la fecha, un comité disciplinario decidirá si procede formular cargos contra el Barcelona, club que, según se prevé, presentará sus propias alegaciones.

Las posibles consecuencias para el FC Barcelona

A corner flag bearing the logo of FC Barcelona waves during | Nicolò Campo/GettyImages

El Atlético de Madrid se ha mantenido firme en su postura de no querer vender a Álvarez, especialmente al Barcelona, a pesar de que el delantero ha manifestado públicamente su deseo de ser traspasado. El jugador tiene contrato en vigor hasta 2030.

Según la normativa, el club catalán debería llegar a un acuerdo con el Atlético sobre el precio del traspaso antes de obtener permiso para negociar con Álvarez. Sin embargo, en la práctica, el proceso es sumamente opaco, ya que intermediarios y agentes suelen encontrar vías para eludir las reglas.

El núcleo de la queja del Atlético radica en que el Barcelona contactó deliberadamente con el entorno de Álvarez sin autorización previa, una práctica conocida como tapping up o contacto indebido. Asimismo, ha acusado al club azulgrana de orquestar una "campaña de desprestigio" y difundir "noticias falsas" para desestabilizar al jugador y presionar al Atlético.

No es la primera vez que se produce una situación así. En 2019, el Atlético presentó una queja ante la RFEF por el fichaje de Antoine Griezmann por parte del Barcelona, operación que finalmente se cerró en 120 millones de euros, alegando que el Barça había iniciado las negociaciones cuando la cláusula de rescisión era aún de 200 millones y que, por tanto, les correspondía percibir la cifra íntegra.

La RFEF falló a favor del Atlético, pero surgió un problema: el club rojiblanco ya había confirmado públicamente con mucha antelación la salida prevista de Griezmann. Se determinó que, dado que el Atlético ya no pretendía retener al jugador francés, la infracción del Barcelona era menor, por lo que se le impuso una multa insignificante de apenas 300 euros.

Está claro que la postura del Atlético respecto a Álvarez ha sido mucho más firme y que, en esta ocasión, un veredicto de culpabilidad probablemente conllevaría un castigo más severo.

Es probable que se imponga una multa en caso de infracción de la normativa, pero existe el riesgo de una sanción mucho más grave. La FIFA ha intervenido anteriormente en casos de contactos indebidos con jugadores y ha impuesto prohibiciones de fichar; la naturaleza específica de la conducta del Barcelona determinaría si una sanción tan severa resultaría apropiada.

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