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El ex presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha sido finalmente absuelto por la Audiencia Nacional de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal tras pasar 21 meses en prisión preventiva. Concretamente fueron 643 los días que tuvo que dormir en la cárcel, uno de los periodos de privación de libertad más amplios que se recuerdan, para finalmente ser declarado inocente.

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Hay que recordar que Rosell fue detenido el 25 de mayo de 2017 en la llamada 'Operación Rimet'. Entonces fue acusado de encabezar una compleja trama de sociedades que supuestamente permitieron a Ricardo Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol entre 1989 y 2012, agenciarse un total de 20 millones de euros en comisiones ilegales por los derechos televisivos de hasta 24 partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol y por el acuerdo de patrocinio firmado en 2011 por Nike con la federación y por el que Rosell llegó a embolsarse como intermediario la cantidad de 12 millones de euros.

Después de pasar 21 meses en prisión preventiva, el pasado 27 de febrero el que fuera mandatario culé entre 2010 y 2014 consiguió que le pusieran en libertad condicional sin fianza tras 13 peticiones denegadas por la jueza que llevaba el caso, Carmen Lamela. En este sentido, la vista oral se celebró entre esa fecha y el 14 de marzo y tras finalizar la fiscalía decidió rebajar la pena solicitada de los once años iniciales hasta seis.

Pero finalmente la Audiencia Nacional consideró que estos delitos no han sido probados y que debe prevalecer el principio in dubio pro reo, es decir, ante la duda se ha de fallar en favor del acusado, por lo que Rosell ha salido como inocente. Además del empresario, su mujer Marta Pineda, así como su socio Joan Besolí y los demás acusados Shahe Ohanneissian, Pedro Andrés Ramos y Josep Colomer, han sido también absueltos de los delitos que se les imputaban.

Como no podía ser de otra manera, los familiares de Rosell se mostraron felices y emocionados tras este desenlace mientras que sus abogados, Pau Molins y Andrés Maluenda, dejaron claro en rueda de prensa que examinarán la resolución para pedir responsabilidades por los 643 días perdidos. "Hay que terminar de estudiar la sentencia, esperar a que la sentencia gane firmeza. Hoy no es firme. Y a partir de aquí lo valoraremos. Si hay que pedir responsabilidades y compensaciones económicas lo haremos. Tenemos que ver si hacemos una reclamación institucional o a una persona concreta, pero aquí lo que ha fallado es el sistema", declararon.